21 de mayo

Primera sesión

En nuestra primera conversación contamos con la participación del Senador Juan Pablo Letelier, la Ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis, Argentina, Alicia Bañuelos,  y los expertos Patricia Peña, Pablo Viollier y José Otero.

Video de la sesión

Mira el registro completo de nuestra primera sesión, realizada vía Zoom, el jueves 21 de mayo de 2020. 

Panelistas

Juan Pablo Letelier

Senador de la República de Chile, Presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado.

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En la primera presentación, el Senador Letelier delineó los desafíos que existen en Chile para que internet pueda convertirse en un servicio público.

Apuntó los problemas de acceso igualitario para los ciudadanos, los plazos necesarios para que esto se alcance, la continuidad y regularidad de los servicios y la consolidación de una institucionalidad más robusta para regular la actividad de los operadores.

Indicó que la pandemia ha puesto de manifiesto la profundidad de brecha digital por el limitado o inexistente acceso a la teleeducación y el teletrabajo, por parte de diversos sectores sociales en distintas partes del país, así como por el uso de los datos personales de distintos usuarios en la red, sin mayor regulación de la autoridad.

José Otero

Analista experto en innovación social por la Universidad de Cambridge, tres décadas estudiando la evolución de las TICs en América Latina y El Caribe, Vicepresidente de 5G Americas para la región.

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Durante su exposición, José Otero, recalcó la importancia de disponer de las infraestructuras y tecnologías mínimas al momento de analizar el acceso a Internet como en un bien público.

En esta línea, puso en evidencia que la red global no es un ente estático, sino un ecosistema en permanente desarrollo que debe ser acompañado, alentado y regulado; la existencia de estructuras de costos subyacente a las tecnologías que se seleccionen para incrementar la conectividad y, el desarrollo de normativas para el desarrollo e instalación de la infraestructura necesaria.

Patricia Peña

Profesora e investigadora de la Universidad de Chile, Coordinadora del Diplomado de Comunicación Digital, Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Subtel.

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Patricia Peña centró su intervención en la caracterización de la brecha digital en Chile, describiéndola como una dimensión de la brecha social y de la inequidad social en el país, que es experimentada de diferente manera entre comunas urbanas y rurales y entre diversos territorios.

Estos problemas no solamente se vinculan con el acceso a internet residencial, sino también con el conocimiento desigual de los usuarios sobre las posibilidades que ofrece internet (alfabetización digital).

Desde su perspectiva, los principales desafíos son:  definir Internet como bien público; la regulación de las concesiones asignadas a operadores; la capacidad reguladora efectiva del Estado y la necesidad de potenciar la diversidad de acceso y conectividad.

Alicia Bañuelos

Ministra de Ciencia y Tecnología de la Provincia de San Luis, República Argentina y Rectora Universidad de La Punta, San Luis.

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La Ministra Bañuelos analizó la experiencia de la Provincia de San Luis, Argentina, que desde principios de siglo inició una política pública de inclusión digital que incluyó  componentes de conectividad, dispositivos y formación usuarios.

Uno de los primeros pasos fue reconocer a Internet como un derecho humano de cuarta generación y su acceso gratuito.

Luego, se enfatizó el esfuerzo por conectar y formar diversos grupos específicos como estudiantes y docentes de escuelas, adultos mayores y el desarrollo de procesos de capacitación a programadores para promover una economía digital y la creación de carreras en universidades e institutos superiores de educación de la Provincia.

Pablo Vollier

Abogado Universidad de Chile, experto en derecho, tecnología, protección de datos y ciberseguridad. Parte de la ONG Derechos Digitales desde 2015 y docente de la Universidad Diego Portales.

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Pablo Viollier analizó el estado de los derechos digitales en América Latina. En este contexto, subrayó cómo un creciente número de interacciones cotidianas ocurren hoy en el ciberespacio generando desafíos para reducir la brecha digital, promover la neutralidad de la red, un mayor acceso a la cultura y limitar la violencia y el acoso en línea.

Estos desafíos también tienen su expresión en limitaciones en la infraestructura crítica y en garantizar ciertos derechos fundamentales vinculados a calidad de la conexión, un mínimo de conectividad y derechos programáticos. Estos derechos a Internet son examinados comparando la legislación de diversos países.

1 Comentario

  1. Max Veas

    Aumento de uso de TIC’s en Chile (por restricciones debido a Pandemia y obligación de realizar actividades laborales y educacionales en forma virtual), considerado desde el punto de vista de los gobiernos, en forma REACTIVA y no proactiva. No teniendo en cuenta, la brecha digital existente entre los ciudadanos, comunas, ruralidad e incluso en el ámbito laboral (realidad diferente entre trabajadores del sector público y privado).
    Aprovechar oportunidad de Reforma o Nueva Constitución, para considerar acceso a servicios de Internet como un DERECHO. Finlandia y Estonia han decidido ya que el acceso es un derecho humano para sus ciudadanos.
    Estado de Chile debe considerar Internet como una infraestructura básica, al igual que el enfrentar Pandemias o catástrofes.
    Considerando por otra parte, que el acceso a Internet debe ser un servicio público y no privado; por los innumerables beneficios que proporciona a los ciudadanos en su desarrollo personal y profesional y por ende a la Sociedad chilena en general. Actualmente, al ser un servicio privado es una variable clave para generar mayor desigualdad económica, social y cultural entre los chilenos.
    Crear una Empresa pública (bajo el paraguas de empresas públicas como CODELCO, BANCO ESTADO, METRO, FONASA, UNIVERSIDADES PÚBLICAS, entre otras; o financiada a través de un Royalty a Empresas privadas de Sectores de la Banca, Educación, Transporte en especial concesiones carreteras, Agricultura, y Minería), que proporcione servicios de TIC’s (incluyendo Internet) de manera que compita con los proveedores privados y sea un ente regulador de los precios.
    Además, urge desarrollar un conjunto de leyes específicas (ámbitos civil, penal, tributario), para la regulación y potenciación del desarrollo de las TIC’s en Chile y velar por la protección de la privacidad de los usuarios.

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